El domingo, el presidente Donald Trump renovó su amenaza de ataques masivos contra Irán. Afirmó: “Ofrecemos un trato muy justo y razonable”, advirtiendo que si no lo aceptan, “Estados Unidos va a destruir cada planta de energía y cada puente en Irán. ¡NO MÁS SEÑOR SIMPATÍA! Caerán rápido, caerán fácilmente…”. Con esto, reafirmó sus amenazas previas de atacar la infraestructura de Irán, incluso posiblemente plantas desalinizadoras, y su advertencia de “enviar a Irán a la Edad de Piedra”, diciendo que “una civilización entera morirá esta noche, nunca regresará”.
El Embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Michael Waltz, respaldó las acciones de la administración Trump y sus amenazas en programas políticos de televisión del domingo. Ofreció justificaciones legales detalladas para estas amenazas, incluso anticipándose a la discusión sobre crímenes de guerra. Aunque posee experiencia militar y como Asesor de Seguridad Nacional, no tiene formación legal ni está en la cadena de mando.
Las afirmaciones de Waltz sobre crímenes de guerra y el derecho de atacar infraestructura dual no cubren la totalidad de los requisitos legales. Si bien ciertos tipos de infraestructura pueden ser objetivos militares legales, existen límites en la ley que protegen a la población civil, incluso en caso de infraestructura dual. Se cuestiona la legalidad y proporcionalidad de las amenazas de Trump y la interpretación de Waltz sobre el derecho de guerra.
Las amenazas de destrucción masiva de infraestructura hechas por Trump y respaldadas por Waltz plantean problemas legales y éticos fundamentales, infringiendo normas internacionales de guerra. Las limitaciones de proporcionalidad y precauciones en el ataque, junto con la igual aplicación de la ley a todas las partes en el conflicto, invalidan la justificación basada en violaciones previas de Irán. La legalidad de las amenazas y actos de terrorismo apuntados a la población civil iraní es cuestionable y potencialmente criminal según las normas legales internacionales.
