El Departamento de Justicia está finalizando un acuerdo para lanzar una llamada “Comisión de Verdad y Justicia” y establecer un fondo de compensación de $1,776,000,000 para pagar reclamos hechos por presuntas víctimas de la “politización” del gobierno a cambio de que el presidente Donald Trump retire su demanda en curso contra el Servicio de Impuestos Internos, dijeron fuentes a ABC News.
Fuentes dijeron a ABC News que el acuerdo propuesto – que probablemente enfrentará obstáculos legales y ya ha sido criticado por los demócratas como un “fondo fiduciario” para los aliados de Trump – surgió después de meses de deliberaciones entre la Casa Blanca y funcionarios del DOJ que originalmente intentaron elaborar una justificación legal para el acuerdo que compensaría directamente a Trump.
Internamente, los abogados del DOJ creían que podían ignorar el conflicto de intereses directamente, argumentando en privado que Trump tiene tanto el derecho a demandar como ciudadano privado y el poder para dirigir el poder ejecutivo como presidente, según fuentes familiarizadas con sus discusiones.
Abogando por un principio legal con siglos de antigüedad conocido como “regla de necesidad”, los abogados del DOJ han argumentado que no existía ninguna alternativa más que permitir que la demanda procediera con Trump actuando como demandante y estando directamente a cargo de los demandados – el IRS y el Tesoro, según fuentes.
Fuentes dijeron que ese plan fue finalmente descartado a favor del fondo de compensación de $1.776 mil millones – con la cifra haciendo referencia a los inicios de la nación – ya que la jueza que supervisa la demanda del IRS de Trump comenzó a plantear problemas con Trump demandando al gobierno del que lidera. En una orden el mes pasado, la jueza de distrito de EE.UU. Katheen Williams ordenó a los abogados de Trump en el caso y al Departamento de Justicia presentar documentos judiciales la próxima semana para justificar si ambas partes del caso eran lo suficientemente contrarias para que el asunto procediera.
Los términos del acuerdo de compensación propuesto podrían cambiar antes de que se finalice, dijeron las fuentes.
La jueza Williams también designó a un grupo de destacados abogados – incluyendo a un ex fiscal general y un juez federal – para opinar sobre el caso.
En una presentación judicial esta semana, los abogados identificaron serios problemas con la demanda, argumentando que Trump tiene un control “extraordinario” sobre los demandados en el caso y que las “circunstancias plantean la posibilidad de que los Demandados y sus abogados en su lugar estén operando bajo la orientación del Presidente”.
“Además, desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha ampliado significativamente la supervisión y el control del Presidente sobre el Procurador General y el DOJ, incluyendo de maneras que difuminan la línea entre la fidelidad a las prioridades políticas del Presidente y la fidelidad al Presidente mismo”, dijo la presentación.
Trump demandó al IRS después de que un contratista del gobierno se declarara culpable en 2023 de robar la información fiscal de Trump y otros estadounidenses ricos y filtrarla a los medios de comunicación en 2019 y 2020.
Con la jueza Williams escrutando el caso, las fuentes dijeron que los funcionarios del DOJ formularon la propuesta de crear un fondo de compensación con la condición de que Trump retire la demanda, así como dos reclamaciones civiles por $230 millones relacionadas con la investigación de colusión con Rusia que enfrentó durante su primer mandato y la búsqueda de su propiedad Mar-a-Lago en 2022.
El propio Trump no sería elegible para recibir pagos del fondo por esas tres reclamaciones retiradas, aunque entidades asociadas con el presidente no están impedidas de presentar reclamaciones, dijeron las fuentes.
Las fuentes indicaron que la “Comisión de Verdad y Justicia del Presidente Donald J. Trump” incluiría cinco comisionados, cuatro de los cuales son nombrados por el procurador general, que Trump tendría derecho a quitar sin causa. La comisión tampoco tendría la obligación de divulgar el proceso para otorgar los casi $2 mil millones.
No está claro cómo la jueza Williams podría responder al acuerdo propuesto – que aún no se ha revelado al tribunal – aunque los abogados del DOJ creen que el acuerdo no requeriría ninguna aprobación del tribunal.
Los legisladores demócratas ya han expresado preocupaciones sobre el acuerdo reportado y han llamado al Congreso a aprobar legislación para restringir el uso de fondos de los contribuyentes para el fondo de compensación propuesto.
“Es corrupción total. Lo que estamos viendo aquí es corrupción total,” dijo el viernes la representante Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y. “Estamos viendo mil millones de dólares para un salón de baile; $1.7 mil millones para un fondo para los amigos del presidente.”
Al otro lado del pasillo, el representante republicano de Pennsylvania Brian Fitzpatrick sugirió que el asunto podría terminar ante la Corte Suprema.
“No sé ni cómo es permitido que suceda,” dijo Fitzpatrick a ABC News con respecto al fondo de compensación. “Suena como una cuestión que nuestros colegas al otro lado de la calle van a tener que resolver bastante rápido.”
