Qué dice el dictamen que podría reformar la ley de maltrato animal

La Ley 14.346 es la ley penal que fue sancionada en 1954 para proteger a los animales de los malos tratos y actos de crueldad de los que pudieran ser víctimas y establece la pena de prisión de 15 días a un año.

La norma, que fue un hito en el derecho argentino y latinoamericano por considerar por primera vez con la figura de víctimas de actos humanos a los animales, está por ser modificada en base a un dictamen producido en forma conjunta por las comisiones de Legislación General y Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.

La promesa de los legisladores, recién iniciados los plenarios en los que analizaron los más de 20 proyectos de reforma de la Ley 14.346, fue hacer una única propuesta que reuniera «lo mejor» de todas las ideas.

Tras cuatro meses de debate y tres plenarios (por los que pasaron desde catedráticos a conductores de TV y del que quedaron afuera referentes del movimiento animalista en Argentina) se inició la última etapa en el camino de la ley: el último martes se llegó al dictamen que analizaron para Infobae distintos especialistas en Derecho Animal.

La Ley 14.346 fue escrita por el diputado peronista Antonio J. Benítez, quien complementó a la antecesora Ley Sarmiento N°2.876, acuñada por el ex presidente Domingo Faustino y lograda por Ignacio Albarracín.

Todas las voces consultadas coinciden en que sí es necesario elevar las penas por maltrato y crueldad, pero no están de acuerdo con el resultado obtenido ya que la pena máxima por maltrato (2 años) sigue siendo excarcelable, algo que se pretendía cambiar.

«El propósito de la reforma era proteger mejor el derecho de los animales a no ser víctimas de maltrato y crueldad. En caso de serlo, que el o los autores sean castigados con penas acordes al delito cometido», explicaron desde Comunidad Animalista Argentina a Infobae al analizar el motivo que llevó a iniciar la reforma de la ley promovida por Juan Domingo Perón.

En referencia al dictamen, el grupo animalista afirmó: «La intención es aumentar la protección de los animales frente a delitos que los afecten. Sin embargo, el dictamen pareciera estar disminuyendo y no aumentando esa protección al introducir excepciones en el articulado que debilitarían la protección que la actual ley les otorga».

Por su parte, Andrea López, abogada de Proyecto Galgo Argentina (que apoya el proyecto NoMasTAS, para prohibir la tracción a sangre) sostuvo que «la categoría de víctima (que inicia la ley 14.346) debe estar desde el inicio de la redacción de la nueva ley» para que no queden dudas respecto de «la calidad jurídica que tienen los animales no humanos».

Haciendo énfasis en la tracción a sangre, López dijo: «Considero que independientemente de que se haya logrado un consenso para dictaminar, la TAS debe ser prohibida ya que es un flagelo social, tanto para los caballos como para quienes realizan la actividad».

“La TAS quedó fuera del dictamen, más allá de que está el compromiso de trabajar una ley específica”, se comprometió Daniel Lipovetzky en la última reunión conjunta que trató los proyectos de ley.

En referencia a la figura de «maltrato» de dictamen, Comunidad Animalista pone el acento sobre el inciso 1º del artículo 2 que establece penas para quien no alimente e hidrate animales domésticos o cautivos excepto en los casos autorizados por autoridad competente, riesgo en la salud o emergencia climática.

En ese tono ejemplifica e indaga: «No alimentar ni hidratar deja de ser delito si autoriza a no hacerlo una autoridad competente. ¿Quién sería esa autoridad competente y cuáles serían los casos en los que podría decidir no alimentar y/o hidratrar a los animales?».

«Es difícil creer que se está mejorando la situación de los animales frente al delito», retrucan y abren interrogantes: «¿Podría la supresión del alimento y/o hidratación mantenerse hasta la muerte de los animales? La norma no lo especifica ni limita en absoluto. En tal caso ¿puede inferirse que nos encontramos ante un dictamen que de ser sancionado tal como está redactado habría convertido a una ley de protección en una ley eutanásica?».

Por su parte, la abogada del grupo que impulsó en 2012 el proyecto de ley que terminó con las carreras de galgos, en 2016, finalizó: «Se debe pulir el proyecto ya que mezcla cuestiones de procedimiento con cuestiones de fondo. Además de que varios artículos quedaron imprecisos (vagos y ambiguos)».

¿Nos encontramos ante un dictamen que de ser sancionado tal como está redactado habría convertido a una ley de protección en una ley eutanásica?, duda Comunidad Animalista.

En referencia a la «Autoridad de Aplicación», Comunidad Animalista sostuvo: «Si es una ley penal, la única autoridad que debe aplicarla es el juez. Vemos fallas en la técnica legislativa: siempre se menciona a ‘los animales’, con lo cual pareciera ser que el tipo penal debe tener 2 o más animales para que exista delito».

Además, sostiene: «Hay una mezcla de situaciones jurídicas incomprensible: 1) en el caso de los caballos no se prohíbe la tracción a sangre. Debe aprobarse una ley al respecto. 2) No está contemplada la fauna silvestre y mucho menos la que está en extinción. 3) Con la mezcla de instituciones no queda claro si esta ley complementa el Código Penal o qué es. 4) No considera agravantes». (Fuente Infobae)

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