Efectivos de la Policía pertenecientes a la DDI Azul arrestaron esta semana al menos cuatro personas –entre ellas un reconocido abogado olavarriense- acusado de formar parte de una organización delictiva que comercializaba vehículos y que al parecer los adquiría con cheques robados. Solo uno de los imputados declaró ante la Justicia.
Según se supo, los investigadores incautaron documentación relacionada con la compra y venta de vehículos automotores durante uno de los seis allanamientos que se hicieron en el marco de la investigación penal. Los investigadores aseguraron que en medio de las investigaciones se logró dar con una organización delictiva que fue desbaratada y que operaba en Azul, Olavarría y otras ciudades de la región, entre las que se encuentra la ciudad de Rauch.
Los acusados son un abogado y tres hombres más, dos de ellos domiciliados en Azul, quienes siguen detenidos acusados de integrar una “asociación ilícita” que cometía estafas con la comercialización de vehículos que compraban con cheques sin fondos.
La causa penal por estos episodios delictivos la instruye la doctora Laura Margaretic, la fiscal titular de la UFI 2.
El único que declaró –informó el diario El Tiempo de Azul- fue el abogado olavarriense Mauro Luciano Monteleone, de 42 años. Monteleone es considerado el cabecilla de esta presunta organización delictiva, ya que en el expediente judicial figura mencionado como “jefe” u “organizador” del grupo que ahora ha sido desmantelado.
Fuentes judiciales identificaron a los demás detenidos como Claudio Javier Ponce (51), quien al igual que el abogado fue detenido en Olavarría, Bernardo Recci (42) y Guillermo Samuel Furriol (28), a quienes arrestaron en Azul.
Una víctima de la organización en Rauch
Según se desprende de la causa, un hombre de esta ciudad vendió el auto de su propiedad a uno de los integrantes de la organización. Por el coche recibió tres cheques por un valor cercano a los 100 mil pesos que al parecer eran robados.
“Una asociación ilícita”
De acuerdo con los elementos reunidos en la investigación penal, hasta ahora se ha podido determinar que al menos desde enero de este año los cuatro detenidos “integraron una asociación ilícita destinada a cometer actos defraudatorios, mediante la adquisición de vehículos automotores contra entrega de cheques que sabían eran de imposible cobro, ya sea por carecer de fondos o por tener una procedencia ilícita; para luego revenderlos a terceros de buena fe”, había mencionado la fiscal Margaretic en el dictamen donde solicitó las detenciones y los allanamientos.
Esos pedidos habían sido avalados por Magadalena Forbes, la titular del Juzgado de Garantías número 1 que tiene asiento en los Tribunales de Azul.
Además de las detenciones, fueron seis los objetivos allanados en esta investigación penal. Dos de los procedimientos se hicieron en Azul y los demás, en Olavarría.
La Policía incautó diferentes elementos considerados de interés para la investigación, entre los cuales –según se mencionó- figuraron documentación, computadoras y teléfonos celulares.
En uno de los allanamientos que se hizo en Olavarría fue hallada y secuestrada una escopeta calibre 14, lo que derivó en que al abogado que ahora está detenido se le iniciara también una causa penal por la tenencia ilegal de dicha arma de fuego.
Voceros policiales señalaron que los detenidos formaban parte de una banda “dedicada a cometer delitos de estafas”, organización donde cada uno de sus cuatro integrantes tenían “roles definidos”.
Según lo referido, “se dedicaban a la compra de propiedades y rodados, entregando como forma de pago en cada operación cheques sin fondos. Posteriormente, inmediatamente realizaban la reventa de lo adquirido en forma ilícita”.
