El colectivo de ex alumnas del Instituto Inmaculada Concepción emitió un documento este martes en relación a las repercusiones que generaron en la ciudad la denuncia presentada en diciembre pasado y en referencia a la actitud adoptada por parte de las autoridades del establecimiento educativo, en relación a las acusaciones vertidas por ex alumnos contra al menos dos profesores.
Según detalla el documento “el objetivo de la presentación de la carta fue exigir la implementación plena de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI – Ley 26150) en el Instituto Inmaculada Concepción” ya que resulta fundamental resaltar que la misma no está sujeta a la discrecionalidad o libre albedrío de las instituciones, sino que debe cumplirse en todo el territorio nacional tanto para escuelas de gestión estatal como privada”.
Advierte el comunicado que la denuncia en contra de dos ex profesores cuenta con “al menos 40 denuncias de diversa gravedad contra docentes y ex docentes del Instituto Inmaculada Concepción”.
Asimismo, cuestiona el accionar de las autoridades educativas al entender que “el Colegio no actuó de acuerdo a la normativa vigente” ya que “cuando los hechos descriptos acontecieron, las víctimas que pudieron dar a conocer lo ocurrido ante la Institución, fueron desoídas, desestimadas y en algunos casos incluso se les llamó la atención”.
UN PROFESOR FUE DENUNCIADO PENALMENTE
El documento agrega que “sobre el hecho que se encuentra siendo investigado penalmente en la causa “Botondini, Damián Carlos S/ abuso sexual- Rauch”:
La situación abusiva fue manifestada por dos alumnas a las autoridades de la institución a mediados de agosto, acompañadas por una docente del establecimiento; y fueron las familias quienes se presentaron voluntariamente a fines de agosto, cuando supieron lo sucedido, ante el silencio de los responsables del Instituto Inmaculada Concepción”.
En este proceder, la Institución escolar obvió una obligación legal esencial: tomaron conocimiento de una presunta situación de abuso a una menor de edad y no cumplieron con los Protocolos de resguardo de Niños, Niñas y Adolescentes, ni realizaron la denuncia penal correspondiente de inmediato. Tanto la víctima como sus compañeras tuvieron que compartir el espacio común del establecimiento con el docente denunciado, más de dos meses, hasta que la familia de la víctima radicó la denuncia”.
A continuación, el documento completo.
Reflexiones Colectivo Ex alumnxs IIC
